Del cómo podemos protegerlas realmente
En la provincia, bien al norte del país, se discute un proyecto ecoturístico que permita conservar el sitio arqueológico El Mirador, el cual se haya en las densas selvas de la Reserva de la Biosfera Maya, administrada en parte por los habitantes de la aldea Carmelita en el municipio de San Andrés, Petén.
La RBM, como se le conoce, es un área protegida, amparada en el Decreto 4-89 Ley de Áreas Protegidas. A esta ley subyace la idea socialista de que es el gobierno quien puede y debe proteger la biodiversidad y los sitios arqueológicos. Sin embargo, los hechos de 30 años demuestran que esa tampoco es una función de los gobiernos. Hoy en día las áreas protegidas son las más des-protegidas. Ahí abundan los taladores irracionales, los incendios forestales, el tráfico de animales y el narcotráfico.
¿Existe otro sistema que podamos aplicar? Sí, se llama “privatización”, y requiere de gobiernos limitados y mercados libres.
Es necesario “privatizar” los sitios arqueológicos, todos, incluyendo El Mirador. El método de privatización podría ser el de la “acción dorada”, una figura que permite al Gobierno, nacional y municipal, ser un accionista más, pero con un derecho de veto, es decir, con la facultad de impedir cualquier acción que vaya en contra del interés público: investigación, educación, recreación y patrimonio cultural.
En simultáneo, debemos derogar la ley 4-89 y otorgar en plena propiedad, mediante título legítimo, las más de 53 mil hectáreas de bosque natural a la Cooperativa Carmelita, R.L., convirtiéndose en una comunidad de propietarios, quienes mediante “acciones” o “participaciones” del capital natural, físico y financiero, podrían participar en el desarrollo de El Mirador, conservando sus bosques, su patrimonio cultural y generando riqueza para todos los guatemaltecos.
Guatemala, 03 de julio de 2020
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